COMUNAS: DUDAS Y AVANCES EN EL PROCESO DE TRANSICION

Catorce meses han pasado desde la sanción de la Ley de Comunas, y si bien todo indica que los porteños elegiremos a las primeras Juntas Comunales antes de octubre de 2007, los resultados del proceso de transición a la fecha plantean algunas dudas.

Esta etapa -que de acuerdo a lo estipulado en la ley debía finalizar en diciembre de 2006- por diversos motivos se encuentra muy retrasada. Sólo se ha avanzado en la adaptación de los límites de los CGPC y en los requerimientos para confeccionar los nuevos padrones, mientras que la información a los vecinos sigue siendo limitada y básica, y nada se ha previsto en materia de transferencia gradual de las competencias previstas en la ley a las unidades descentralizadas. Desde la Legislatura, la mora se expresa en la falta de sanción del Código Electoral y la ley de Partidos Políticos.

Como contrapartida, en su anteproyecto de Presupuesto 2007, el Ministerio de Gestión Pública y Descentralización plantea triplicar el número de agentes de las cuadrillas de mantenimiento urbano de cada CGPC, lo que implicará una mejora en la respuesta a los reclamos, y si bien no se planifican nuevas construcciones hasta el 2008, mediante el alquiler de nuevos inmuebles se solucionarán los problemas que presentan varias sedes descentralizadas. En nuestra zona en particular se alquilará un nuevo edificio para el CGPC 12.

Vinculado a la transición, un interesante debate se ha instalado en los últimos meses: ¿El Poder Ejecutivo de la Ciudad debe reglamentar esta ley?

La coincidencia de varias ONG´s que participamos del proceso de elaboración de la Ley de Comunas acerca de la falta de precisiones en el texto sancionado -en particular en relación a los ítems que integran las competencias exclusivas- parece motivo suficiente para justificar la reglamentación. A modo de ejemplo: el mantenimiento de los espacios verdes incluirá también la creación de nuevas plazas y la restauración de monumentos y obras de arte?

Siempre que hablamos de descentralización hacemos referencia a un proceso. En este caso la reglamentación permitiría además, tener certezas sobre las facultades y los tiempos que el Ejecutivo maneja en cuanto a la descentralización de la ejecución de las competencias concurrentes, que resultan de vital importancia si a lo que se apunta es a una mejora en la calidad y eficiencia de los servicios que reciben los porteños. Particularmente creemos que la fiscalización de normas debe estar en capacidad de las Comunas desde el inicio mismo del proceso, tomando como antecedente el Decreto 1015/2000.

Mucho es lo que queda por hacer, por lo que el Ejecutivo deberá mostrar mayor convicción al momento de impulsar este cambio en la gestión de la Ciudad.

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