Buenos Aires, 10 de junio de 2006.

A través de la Resolución Nº 60 /06 (01/06/06) del Ministerio de Gestión Pública y Descentralización de la CABA, queda claro que el “Gabinete” de la Transición se habría transformado en una estructura del GCABA, engastada en el MGP y DGC que sería funcional durante el período de transición, a intereses que desnaturalizarían la democracia participativa directa.

Sobre la ley de Ministerios Nº 1925 de la CABA presuntamente ilegítima, hecho que se puso a consideración del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Bs. As. se sumaría un procedimiento anómalo dado en la Resolución Nº 60/06 (01/06/06) .

Debe alertarnos la omisión, en el primer párrafo, de la resolución, de una precisa determinación conceptual registrada en la Constitución y en la Ley 1777, respecto de la DESCENTRALIZACIÓN. El Art. 127º de la Constitución dice: "Las Comunas son unidades de gestión política y administrativa con competencia territorial" y la ley que establece su organización y competencia, "establece unidades territoriales descentralizada..." En consecuencia, la Ley 1777 determina en su Art. 2º "Las Comunas son unidades de gestión política y administrativa descentralizada con competencia territorial, patrimonio y personería jurídica propia" ampliando los presuntos límites indicados en este párrafo del decreto.

El segundo párrafo reproduce el concepto del Art. 47º de la Ley 1777 que dice: "El proceso de transición debe completarse al 31 de diciembre de 2006". Pero “inexplicablemente” introduce un pequeño cambio lingüístico que altera totalmente el real espíritu de la Ley. Lo que es inconstitucional pues al decir "La misma ley dispuso la implementación de un proceso de transición a completarse el 31 de diciembre de 2006", tiene la pretensión de "interpretar" forzadamente que la ley se refiere a la IMPLEMENTACION del proceso y no al proceso en si que debe ser completado en el año 2006. Única lectura posible de la concluyente afirmación de la Ley. Es gravísimo institucionalmente que un funcionario se arrogue la atribución de que con un mero decreto puede modificar una ley. Justamente una ley que exigió una mayoría especial.
Postular la existencia de la transición más allá del 31 de diciembre del 2006, impidiendo la efectiva asunción de las autoridades comunales en la fecha límite explicitada por la ley 1777, está en flagrante contravención con la Cláusula Transitoria 17ª de la Constitución.. Inevitablemente nos enfrenta a considerar que el decreto sea ilegal y en consecuencia nulo y sus responsables sujetos a la aplicación del Art. 4º de la Constitución ".... o se prolonguen funciones o poderes violando su texto (se refiere al texto constitucional). Estos actos y los que realicen, los que usurpen o prolonguen funciones, son insanablemente nulos. Quienes en ellos incurren, quedan sujetos a inhabilitación absoluta y perpetua para ocupar cargos públicos y...", y más adelante en el mismo artículo "Todos los ciudadanos tienen el derecho de resistencia contra quienes ejercen los actos de fuerza enunciados en este artículo."
Ámbito Financiero del 14-06-06 (Pág. 13)

Legisladores de la Ciudad reprochan que “el cronograma de la descentralización está demorado”. También expresaron que “hubo designaciones que plantean una farsa, como la representación de los vecinos puesta a dedo y que la política de publicidad no es suficiente” en referencia al artículo 2º de la resolución que impone, arbitrariamente, que el Gabinete de Transición a las Comunas creado por el Art. 1º contempla la designación entre sus integrantes de 9 "representantes vecinales" (¿porqué no 15, si son 15 las comunas?). Sería evidente que los llamados "representantes vecinales" fueron elegidos entre un reducido número de vecinos sin abrir el llamado a la sociedad, que en general no los conoce, ni mucho menos los reconoce como sus legítimos representantes denunciándose esta maniobra, en la legislatura porteña, el 8 de junio de 2006 por los vecinos afectados por esta discriminación. No se ajusta a la verdad que serían nueve (9) representantes vecinales de reconocida trayectoria en temáticas vinculadas a la descentralización y al debate, y elaboración de la Ley N° 1.777, porque descartaría deliberadamente a los restantes vecinos con esta digitada “conformación” que no respeta la participación directa exigida en la ley Nº 1777. ¿Serían DELEGADOS rentados? De ser así se debe informar a la ciudadanía los datos de los designados y los fundamentos legales de esa disposición de los fondos públicos. ¿Y los numerosos vecinos que han participado y participan activamente a su propio costo? ¿Sería ético cobrar un sueldo en estas circunstancias?

 

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